Transcurrieron cinco años de aquel histórico 3 de junio de 2015, cuando Más de 100 puntos en todo el territorio nacional se unieron para repudiar el femicidio de Chiara Páez. Esta joven tenía catorce recién cumplidos y transitaba por un embarazo de 2 meses y el 10 de mayo de 2015 su novio la mató a golpes y la enterró en el patio de su abuelo.
Esta y las sucesivas movilizaciones permitieron instalar con fuerza la agenda de género y visualizar más los reclamos históricos del feminismo. Muchas de esas demandas se han traducido en políticas reales.Se desnaturalizó la violencia, bajó exponencialmente el umbral de tolerancia tanto en los discursos mediáticos como en la vida cotidiana, en los lugares de trabajo y de estudio -donde los protocolos para actuar institucionalmente generaron debates y organización-, en la cultura, en la política y la economía
En 2015, los femicidios ni siquiera se llamaban por su nombre, no había registros oficiales. Hoy los tenemos y realmente son alarmantes. En este contexto de pandemia se registraron al menos en nuestro país 57 femicidios, según datos difundidos por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”. Por otro lado, vale señalar que fue el único delito que se mantuvo durante el aislamiento. Se registraron crecimientos en los llamados al 144 y las denuncias formales bajaron. Eso nos está hablando de una cantidad enorme de mujeres que se deciden a llamar para comentar una situación de violencia, pero no están encontrando las herramientas para traducir eso en una denuncia.
Hoy más que nunca debemos estar atentos y seguir reclamando, La UPCN se suma, pidiendo:
● Que se implemente integralmente y se le asignen partidas presupuestarias al plan Nacional de Acción para la Prevención Asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, contemplado en la Ley 26.485
● Que se garantice el acceso a la Justicia a las víctimas con patrocinio jurídico gratuito, que las causas que tramitan en el fuero civil y penal se unan para agilizar la resolución de cada caso;
● Que se garantice la Educación Sexual Integral en todos los niveles;
● Que se de desde el Estado protección a las víctimas ya que es muy difícil para una mujer que vive una situación de violencia realizar la denuncia y mantenerse a resguardo.
● Que al iniciarse la investigación en contra del golpeador o quien la amenazó, la Justicia garantice que se cumplan las medidas de protección que se disponen en el marco de las causas.
● Que se monitoree el cumplimiento de los protocolos ya establecido en situaciones de violencia en el ámbito de trabajo.
● Que se implemente la capacitación establecida en la Ley Micaela y que de la misma participen todos los actores involucrados en proceso laboral.
